-En sólo un año han sido asesinados 136 periodistas.
BOGOTA.- Colombia es de los pocos países de América Latina en los que los periodistas no tienen, al menos a la vista, mayores cortapisas legales para ejercer su profesión, a pesar de que ellos siguen estando entre los más silenciados por cuenta de las amenazas y la violencia de los grupos armados ilegales y funcionarios corruptos.
Entre 1977 y el 2008 fueron asesinados 136 periodistas, en muchos casos tras denunciar actos de corrupción, temas relacionados con la mafia y la violencia de paramilitares y guerrilleros. Una situación que ha generado también decenas de secuestros y exilios.
En la Constitución del 91 quedaron plasmados los derechos de los periodistas a informar y al sigilo (reserva de la fuente), secreto profesional periodístico que ya había sido tratado en la Ley de Prensa de 1944.
La prensa en Colombia y sus garantías para informar están amparadas en el Articulo 20 de la Constitución, que contempla el derecho “de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Pese a esto, el periodista no cuenta con un respaldo legislativo para su oficio. En 1998, la Corte Constitucional eliminó la tarjeta profesional para los periodistas, argumentando que la exigencia de la misma era una forma de mordaza y censura y que el periodismo era más que una profesión, un arte.
En diciembre del 2004 el gobierno del presidente Álvaro Uribe expidió la última ley relacionada con la prensa, que no toca temas esenciales.
Pese a estas leyes, y aunque han disminuido los casos de homicidio y amenaza, en los últimos años el acoso contra la prensa se ha incrementado. En las regiones, especialmente, según los reportes de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, los periodistas se ven abocados a no concluir las investigaciones por presión, muchas veces, de autoridades y funcionarios públicos. En el 2005, por ejemplo, de las 64 amenazas reportadas ese año, el 90 por ciento obedecieron a publicaciones relacionadas con corrupción administrativa o paramilitarismo.
En los últimos años se ha incrementado un problema que incluso ha llamado la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP: el uso de la tutela (mecanismo de amparo) para forzar rectificaciones o incluso para llevar a la cárcel a periodistas bajo cargos de delitos como injuria y calumnia, que son los usualmente alegados en las demandas contra medios de comunicación.
Los casos más frecuentes, en los que los tribunales actúan contra los periodistas, son los de la rectificación, interpuesta siempre a través del recurso de tutela. Esta medida ha llevado a ordenar el arresto de directores de medios de comunicación, por ser los responsables directos de las publicaciones.
La tutela –dijo la SIP—“es una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y si bien es deber de todos respetar los fallos judiciales, éstos deben realizarse bajo los más estrictos parámetros de equidad y de justicia para evitar que la protección de unos derechos genere la vulneración de otros que, como en el caso de la libertad de información, gozan de especial protección constitucional".
Un caso emblemático es el del carcelazo ordenado por un juez penal de Bogotá contra el director de la revista SEMANA, Alejandro Santos, luego de que el magistrado José
Colombia: El acoso contra la prensa se ha incrementado
Entre 1977 y el 2008 fueron asesinados 136 periodistas, en muchos casos tras denunciar actos de corrupción.
Alfredo Escobar exigiera la rectificación de un artículo publicado en su contra. Pese a que la revista rectificó dos veces la información, el funcionario argumentó que no se había hecho en las mismas condiciones de la publicación inicial.
La sanción ordenada fue de tres días de cárcel y una multa de tres salarios mínimos. Sin embargo, en la apelación, la Corte Constitucional consideró que la rectificación había cumplido con lo dispuesto por la ley y revocó la medida.
Por una columna de opinión sobre el mismo tema y publicada en la misma revista, el magistrado Escobar entuteló al periodista Mauricio Vargas. Finalmente, el recurso no prosperó, pero la polémica por la situación de Escobar, que por su cargo de magistrado es superior de los jueces ante los que ha presentado las demandas, se mantiene en el país. Incluso, recientemente la Procuraduría (Ministerio Público) le pidió a una comisión del Congreso colombiano que investigue a Escobar por supuesta presión a funcionarios judiciales que llevaban sus casos.
El magistrado sostiene que defenderá su derecho a la honra y el buen nombre que supuestamente le han sido afectados.
En los últimos años, algunos periodistas han denunciado el “acoso” del Gobierno: Daniel Coronel, director del noticiero de TV Noticias Uno, y Hollman Morris, periodista independiente y director del Programa Contravía. Morris es uno de los periodistas seguidos ilegalmente por el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad colombiano.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa le ha pedido a la Fiscalía colombiana en diferentes oportunidades que reviva los procesos de los periodistas asesinados. En su informe del pasado mes de junio, la SIP denunció que los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encontraban suspendidos, archivados o habían sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales.
“Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales”, señaló la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP.
Y en la pasada Asamblea del organismo, las directivas denunciaron que en Colombia se habían estancado 26 casos de homicidios de periodistas, la Corte Suprema de Justicia había fallado, en abril, en contra de la revisión del crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal, caso que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro caso emblemático es el del periodista Jota Everardo Aguilar. La semana pasada, el Juez Primero de Popayán absolvió a Arlet Manquillo Rivera, acusado por la Fiscalía de su asesinato. El crimen ocurrió en El Bordo (Cauca) el pasado 24 de abril, y la hija del periodista lo reconoció como el autor del crimen.
("Pirateado" del diario El Mercurio, de Chile)
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domingo, 29 de noviembre de 2009
martes, 30 de septiembre de 2008
Secuestrados en la ciudad,
muertos en combate en la selva
Colombia investiga al Ejército
por el asesinato de decenas de jóvenes
Fuente: Diario "El País" de España, por Pilar Lozano (Bogotá 30/09/2008)
Decenas de jóvenes, todos pobres, de diferentes ciudades del país, y que habían sido denunciados como desaparecidos por sus familias, están apareciendo muertos en sitios alejados de las localidades en las que vivían. Según el Ejército fueron reclutados por grupos armados y murieron en combate. Pero esta versión no encaja: la mayoría murió uno o dos días después de que sus familias les perdieran el rastro.
Se sabe que todos los ejércitos ilegales (guerrillas y paramilitares) entrenan a sus combatientes en escuelas especiales. Un sofisticado sistema estatal que cruza la información sobre las denuncias de desapariciones y los datos procedentes de la Medicina Legal permitió destapar el escándalo.
En una reunión de urgencia celebrada el lunes entre el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el fiscal del Estado, Mario Hernán Iguarán y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, se decidió crear un grupo especial que investigará "hasta las últimas consecuencias, esté metido quien esté metido (...) El Gobierno está muy preocupado", afirmó el vicepresidente.
La semana pasada empezaron a aparecer los cuerpos de muchachos de barrios marginales de Bogotá y Soacha, un municipio colindante, y en Ocaña, a 600 kilómetros al norte. Son 23 los muertos. La mayoría fueron tiroteados por la espalda nada más llegar. "Eso no es reclutamiento, es una desaparición forzada con fines de homicidio", dijo la secretaría de Gobierno de Bogotá, Clara López.
El Ministro de Defensa salió al paso del enigma nada más conocerse. Ordenó una investigación exhaustiva. Días después, como si temiera que fueran ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas, el ministro afirmó: "Me dicen que todavía hay reductos de la Fuerza Pública que están exigiendo cuerpos como resultados".
'Falsos positivos'
No es la primera vez que se habla en Colombia de estos falsos positivos, término que engloba a campesinos y gente marginal mostrada por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Por esta vía obtienen puntos en su carrera militar. Hay denuncias sobre prebendas -días de descanso, por ejemplo- que ofrecen algunos batallones a los soldados que informen de muertos en combate.
Hay 750 investigaciones en marcha por este delito; 50 militares ya han sido condenados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido a las autoridades de desapariciones y muertes de jóvenes en varias ciudades del país. En su informe anual exhortó al alto mando militar a adoptar medidas extraordinarias para que se establezcan las responsabilidades. Hasta abril del 2008 tenían registradas 35 víctimas.
En un comunicado publicado el lunes, el Alto Comisionado "pide medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales de estos hechos". El dolor y el desconcierto de los familiares son grandes. Los muertos tenían entre 17 y 32 años. La mayoría eran parados o realizaban trabajos precarios en la construcción y en talleres de mecánica. Algunos tenían antecedentes penales.
La alcaldía de Ocaña ha pagado a los padres el alojamiento y alimentación para que puedan ir a reconocer a sus seres queridos, pues fueron encontrados los cuerpos en un cementerio rural. Flor Hilda no aguantó ver la exhumación de su hijo de 25 años y se desvaneció al lado de la fosa.
Las razones de por qué fueron a parar en sitios tan lejanos a su residencia, son confusas. La fiscalía investiga la versión sobre un hombre que se presentaba como soldado profesional y ofrecía dos millones de pesos (unos 710 euros) para buscar una guaca (tesoro escondido) en un municipio cercano a Bogotá. Se habla también de promesas de dinero a cambio de un buen trabajo.
Las zonas donde vivían estos jóvenes son pobres. La juventud sin futuro es fácil presa de falsas promesas y de engaños. Se sabe que allí también los reclutadores buscan candidatos para llevarlos a las filas de grupos ilegales, guerrilla, grupos emergentes -así se llama a los nuevos grupos producto del rearme paramilitar-, como las Águilas Negras.
En la personería (oficina de defensa de derechos humanos) de esta capital existen denuncias de amenazas de las Águilas Negras en los barrios marginales. Con los pasquines que hacen rodar debajo de las puertas alertan a los jóvenes drogadictos, delincuentes varios y a los que se arriesgan a salir de sus casas a altas horas de la noche. La madre de uno de los muertos, Johnatan Soto, contó en esa oficina que días antes de desaparecer su hijo le había dicho: "Nos tenemos que ir del barrio". No explicó el porqué.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, ha advertido reiteradamente sobre el reclutamiento de jóvenes, en nueve de los 32 departamentos del país. "Los grupos armados se han convertido en una especie de mercado laboral para adolescentes desorientados que no encuentran alternativas laborales".
muertos en combate en la selva
Colombia investiga al Ejército
por el asesinato de decenas de jóvenes
Fuente: Diario "El País" de España, por Pilar Lozano (Bogotá 30/09/2008)
Decenas de jóvenes, todos pobres, de diferentes ciudades del país, y que habían sido denunciados como desaparecidos por sus familias, están apareciendo muertos en sitios alejados de las localidades en las que vivían. Según el Ejército fueron reclutados por grupos armados y murieron en combate. Pero esta versión no encaja: la mayoría murió uno o dos días después de que sus familias les perdieran el rastro.
Se sabe que todos los ejércitos ilegales (guerrillas y paramilitares) entrenan a sus combatientes en escuelas especiales. Un sofisticado sistema estatal que cruza la información sobre las denuncias de desapariciones y los datos procedentes de la Medicina Legal permitió destapar el escándalo.
En una reunión de urgencia celebrada el lunes entre el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el fiscal del Estado, Mario Hernán Iguarán y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, se decidió crear un grupo especial que investigará "hasta las últimas consecuencias, esté metido quien esté metido (...) El Gobierno está muy preocupado", afirmó el vicepresidente.
La semana pasada empezaron a aparecer los cuerpos de muchachos de barrios marginales de Bogotá y Soacha, un municipio colindante, y en Ocaña, a 600 kilómetros al norte. Son 23 los muertos. La mayoría fueron tiroteados por la espalda nada más llegar. "Eso no es reclutamiento, es una desaparición forzada con fines de homicidio", dijo la secretaría de Gobierno de Bogotá, Clara López.
El Ministro de Defensa salió al paso del enigma nada más conocerse. Ordenó una investigación exhaustiva. Días después, como si temiera que fueran ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas, el ministro afirmó: "Me dicen que todavía hay reductos de la Fuerza Pública que están exigiendo cuerpos como resultados".
'Falsos positivos'
No es la primera vez que se habla en Colombia de estos falsos positivos, término que engloba a campesinos y gente marginal mostrada por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Por esta vía obtienen puntos en su carrera militar. Hay denuncias sobre prebendas -días de descanso, por ejemplo- que ofrecen algunos batallones a los soldados que informen de muertos en combate.
Hay 750 investigaciones en marcha por este delito; 50 militares ya han sido condenados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido a las autoridades de desapariciones y muertes de jóvenes en varias ciudades del país. En su informe anual exhortó al alto mando militar a adoptar medidas extraordinarias para que se establezcan las responsabilidades. Hasta abril del 2008 tenían registradas 35 víctimas.
En un comunicado publicado el lunes, el Alto Comisionado "pide medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales de estos hechos". El dolor y el desconcierto de los familiares son grandes. Los muertos tenían entre 17 y 32 años. La mayoría eran parados o realizaban trabajos precarios en la construcción y en talleres de mecánica. Algunos tenían antecedentes penales.
La alcaldía de Ocaña ha pagado a los padres el alojamiento y alimentación para que puedan ir a reconocer a sus seres queridos, pues fueron encontrados los cuerpos en un cementerio rural. Flor Hilda no aguantó ver la exhumación de su hijo de 25 años y se desvaneció al lado de la fosa.
Las razones de por qué fueron a parar en sitios tan lejanos a su residencia, son confusas. La fiscalía investiga la versión sobre un hombre que se presentaba como soldado profesional y ofrecía dos millones de pesos (unos 710 euros) para buscar una guaca (tesoro escondido) en un municipio cercano a Bogotá. Se habla también de promesas de dinero a cambio de un buen trabajo.
Las zonas donde vivían estos jóvenes son pobres. La juventud sin futuro es fácil presa de falsas promesas y de engaños. Se sabe que allí también los reclutadores buscan candidatos para llevarlos a las filas de grupos ilegales, guerrilla, grupos emergentes -así se llama a los nuevos grupos producto del rearme paramilitar-, como las Águilas Negras.
En la personería (oficina de defensa de derechos humanos) de esta capital existen denuncias de amenazas de las Águilas Negras en los barrios marginales. Con los pasquines que hacen rodar debajo de las puertas alertan a los jóvenes drogadictos, delincuentes varios y a los que se arriesgan a salir de sus casas a altas horas de la noche. La madre de uno de los muertos, Johnatan Soto, contó en esa oficina que días antes de desaparecer su hijo le había dicho: "Nos tenemos que ir del barrio". No explicó el porqué.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, ha advertido reiteradamente sobre el reclutamiento de jóvenes, en nueve de los 32 departamentos del país. "Los grupos armados se han convertido en una especie de mercado laboral para adolescentes desorientados que no encuentran alternativas laborales".
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