BOLIVIA Y OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS EXPROPIAN, PERO PAGAN.

CHILE EXPROPIA Y NO PAGA

Por José G. Martínez Fernández.

El gobierno de Evo Morales expropió, en diciembre de 2012, cuatro grandes empresas españolas de diversos rubros.

Antes los argentinos, los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos, han expropiado empresas también tanto empresas nacionales como extranjeras.

Pero todas esas expropiaciones han sido pagadas.

En esas y otras naciones latinoamericanas han existido expropiaciones, además, de propiedades y el Estado de esos países ha pagado a los afectados.

Es decir: han habido expropiaciones responsables y que han sido justamente canceladas.

Ese ejemplo de Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y la mayoría de los países latinoamericanos han dado un ejemplo de actuación justa y preciada, ya que no se ha dañado a ninguna de las partes involucradas.

En Chile, sin embargo, no ocurre ello. Algunas expropiaciones se pagan, otras no.

El Estado suele expropiar, vía Ministerio de Bienes Nacionales, propiedades y no paga. Les pide a los expropiados que recurran a tribunales.

Y esos tribunales juegan con los expropiados. Años de juicios y años de gastos. Aburrimiento de los demandantes para que se les devuelva el costo de sus propiedades y de los gastos y daños causados.

Si el Estado chileno fuera como el de Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y otros no habría necesidad de juicios.

Al realizar una expropiación el Estado de Chile debiera informar a los afectados y señalar en la misma información cuándo, dónde y cuánto se va a pagar por la indemnización correspondiente... pero no.

El Estado chileno hace mutis por el foro.

Hablamos pestes de los bolivianos y de los peruanos, pero ellos son más lógicos y más humanitarios a la hora de hacer justicia en estos casos.

Chile se ha quedado atrás. Desde Pinochet hasta ahora…nuestro país es un país injusto.

El ejemplo de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Perú y otros, no se aplica aquí en Chile.

Simplemente vergonzoso.

 

José G. Martínez Fernández

CORTE SUPREMA Y BIENES NACIONALES DE CHILE:

UN COMPROMISO PELIGROSO
por José G. Martínez Fernández

Muy malo huele el encuentro recién sostenido entre el presidente de la Corte Suprema de Chile y la Ministra de Bienes Nacionales, toda vez que el ente estatal se encuentra demandado por varias personas ante tribunales que dependen de la Suprema. El presidente de ella solicitó el traspaso de propiedades gratuitamente y la Ministra dijo SÍ.
La siguiente es una noticia publicada en el portal del Ministerio de Bienes Nacionales:
"Ministro de la Corte Suprema busca transferencia de inmuebles para expansión
Miércoles, 24 de Noviembre de 2010
En una cordial visita que efectuara este mediodía el ministro de la Corte Suprema a la ministra de Bienes Nacionales, se ahondaron detalles de la petición formal de transferencia a favor del Poder Judicial de inmuebles fiscales en Santiago.
Se trata de dos actuales destinaciones. Una, del año 1991, del edificio Manuel Montt ubicado en calle Huérfanos, donde funcionan los tribunales civiles. Otra en la comuna de San Miguel, de 1980, donde residen tribunales civiles y de menores.
Según planteó Milton Juica (presidente de la Corte Suprema), el Poder Judicial necesita ampliar dichos recintos, lo cual implica una cuantiosa inversión, por lo que la transferencia de las propiedades se hace necesaria. Por ejemplo, en San Miguel se necesita dar cabida a los tribunales de familia.
La ministra Catalina Parot se mostró favorable a la petición, conviniendo en que es imprescindible que el Poder Judicial cuente con infraestructura adecuada para sus labores. Comprometió todo su apoyo y a agilizar los trámites para que cuanto antes se pongan en marcha las ampliaciones".

Hasta allí la noticia.
Este compromiso entre el Sr. Milton Juica, presidente de la Corte Suprema y doña Catalina Parot, Ministra de Bienes Nacionales de Chile, resulta muy extraño y demasiado preocupante para las personas que han demandado a ese aparato del Estado, toda vez que Juica solicita propiedades de regalo para uso de los tribunales de justicia a un oganismo que está querellado en los mismos tribunales.
¿Cómo se hará justicia entonces a quienes estamos en juicio contra Bienes Nacionales ante el burdo "saneamiento" de propiedades basado en un decreto antidemocrático, dictado durante la dictadura de Pinochet -1979- y que la Concertación y la Alianza jamás revirtieron, por lo que se mantiene vigente?
Nuestra preocupación es obvia. No es posible que Juica se acerque a la Ministra Parot para obtener propiedades gratuitamente.
Ese "cordial encuentro" como lo llama la Ministra es un encuentro malsano y atenta contra el derecho a que la justicia mantenga un estado de independencia frente a sus decisiones y no se aproxime al Ministerio ya que éste, como lo dijimos arriba, se encuentra demandado en diversos tribunales chilenos por sus actos de corrupción y también por sus errores.
No puede el ministro Juica hacer tales peticiones a la Sra. Parot, ni puede la Sra. Parot entregar bienes de todos los chilenos a un ente que debe obtener propiedades para sus funciones por medio de compras a través del presupuesto que le destina el gobierno todos los años.
Esta relación SUPREMA-BIENES NACIONALES es como un acuerdo entre el demandado y quien tiene que decidir la acusación sobre ese demandado.
Todo esto es burdo y peligroso.
Los demandantes contra Bienes Nacionales somos varios y dependemos de los tribunales en que se dan nuestros casos y todos ellos, al final de cuentas, dependen de la Corte Suprema.
Este acuerdo debiera cancelarse toda vez que resulta extraño y no confiable.
En caso de darse un avenimiento entre ambos y la justicia chilena se niegue a hacer justicia a quienes han demandado a Bienes Nacionales, será nuestro derecho recurrir a Cortes de Justicia del extranjero para que realmente se nos haga valer nuestros derechos.
Ese encuentro entre Fuica y Parot tiene un olor muy extraño.
José G. Martínez Fernández